José Humbertus Pérez Espinoza

08 de octubre de 2006

Juan Camilo Mouriño y Juan Bueno, desde la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, dejaron de aprobar presupuesto público para invertir en la CFE y Pemex, pero beneficiaron a empresas como Mitsubishi, Unión Fenosa, Transalta y Electricité de France Por José Humbertus Pérez EspinozaAl inicio de cada sexenio los medios de comunicación, dependientes de las cúpulas empresariales, nos presentan a los salvadores de la patria y a los genios que por sus cualidades intelectuales y académicas resultan ser personajes inalcanzables y poderosos.Con Carlos Salinas de Gortari, fue José Córdoba Montoya. Con Ernesto Zedillo Ponce de León, Luis Téllez. Con Vicente Fox Quesada, estuvo Ramón Muñoz. Y con el cuestionado presidente electo, Felipe Calderón Hinojosa, el ungido es Juan Camilo Mouriño Terrazo.Juan Camilo Mouriño Terrazo no es un personaje común y corriente. Felipe Calderón Hinojosa impulsó su carrera política. Mouriño Terrazo desde los espacios políticos del Partido Acción Nacional (PAN), trabajó para favorecer a las empresas transnacionales de los energéticos que operan en el país desde 1997, y que son beneficiarias de la privatización de facto que se realiza en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).La privatización de los energéticos en México inició en 1997 mediante los Proyectos de Infraestructura Productiva con Impacto Diferido en el Registro del Gasto, mejor conocidos como Pidiregas. Los Pidiregas se basan en el financiamiento proveniente de inversionistas privados, la mayoría empresas transnacionales y las inversiones se pagarán (amortizaciones e intereses) con recursos públicos, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que aprueba anualmente la Cámara de Diputados. Es decir, se transfirieron las facultades exclusivas de la nación para explotar los energéticos a empresas privadas transnacionales, contraviniendo los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Los Pidiregas no tienen ningún fundamento constitucional y sólo se sustentan con las reformas y adiciones realizadas a los artículos 30 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad y Gasto Público y 18 de la Ley General de Deuda Pública y las reformas realizadas en 1992 por Carlos Salinas de Gortari a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.Estas reformas se sustentaron en una interpretación parcial del Artículo 27 párrafo sexto de la Constitución. Es cierto, este artículo señala que se pueden explotar los recursos naturales por particulares, pero se refiere a los minerales; en el mismo párrafo sexto, renglones más adelante, se señala que corresponde exclusivamente a la nación la explotación de la energía eléctrica, el petróleo, los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos.En 1997 se definió la alianza de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nación (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), para dar inicio a la privatización de los energéticos bajo el esquema de los Pidiregas.La privatización se concretó en la construcción de plantas generadoras de electricidad, más del diez por ciento del total de la generación de energía eléctrica surge de las plantas construidas por el sector privado.CAPITAL PRIVADOTRANSNACIONALLa inversión vía Pidiregas para 2011 tiene proyectada la construcción de 61 plantas eléctricas. En el caso de Pemex, se dio la concesión bajo el mismo esquema al capital privado transnacional para la explotación y producción de petroquímica y gas, por medio de los proyectos millonarios de Cantarell, Cuenca Burgos y Delta Grijalva.Desde la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados en 1997 y de manera concreta en la LVII Legislatura, el secretario de dicha comisión del PAN, Juan Bueno Torio, aprobó las cantidades millonarias para pagar las amortizaciones e intereses generados por los Pidiregas, provocando una abultada deuda pública interna que por su naturaleza normativa es inconstitucional.De 1997-2001, por cada diez dólares que el sector privado invirtió en infraestructura petrolera y eléctrica, como parte de los Pidiregas, el Gobierno federal (con la aprobación de la Comisión de Energía), pagó tres dólares o 30 por ciento por concepto de intereses.En este mismo periodo se pagó por intereses la cantidad de 175 mil 150 millones de pesos, es decir, 17 mil 515 millones de dólares. De estos totales, Pemex pagó 12 mil 903 millones de dólares y la CFE cuatro mil 612 millones de dólares.Con el triunfo de Vicente Fox Quesada en el año 2000, Felipe Calderón Hinojosa se desempeñó como coordinador del grupo parlamentario del PAN en la LVIII Legislatura, y nombró como presidente de la Comisión de Energía a Juan Camilo Mouriño Terrazo.Juan Bueno Torio y Juan Camilo Mouriño, de manera dolosa y desde la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, dejaron de aprobar presupuesto público para invertir en la CFE y Pemex, y con la aprobación de los Pidiregas formaron un mercado paralelo de energéticos para beneficiar a empresas transnacionales como Mitsubishi, Unión Fenosa, Transalta, Iberdrola, Electricité de France, entre otras. Juan Camilo Mouriño, en sus datos biográficos proporcionados en la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, niega que haya nacido en España y de manera escueta señala como lugar de nacimiento a Campeche. Por este motivo, no es casual que la mayoría de las empresas transnacionales beneficiadas en la construcción de las plantas eléctricas vía Pidiregas sean de origen español, claro, no haciendo de lado al resto de las inversiones del sector privado de capital estadounidense.Durante el periodo que Juan Camilo Mouriño Terrazo fungió como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, se incrementaron hasta en 91 por ciento los recursos públicos para el pago de amortizaciones e intereses y hacer frente a los requerimientos de los Pidiregas.Con los incrementos al PEF para pagar los pasivos del IPAB y Pidiregas, los diputados del PAN de las LVIII y LIX legislaturas de la Cámara de Diputados, hicieron que la deuda federal en el sexenio de Vicente Fox creciera en 801 mil millones de pesos y dejarla al terminar el sexenio en tres billones 267 mil millones de pesos.En 2006 se financiaron 230 proyectos (Pidiregas), 37 para Pemex y 193 para CFE, esto llevó a que del PEF se pagaran un total de 37 mil 841 millones de pesos por amortización de los proyectos y 33 mil 334 millones de pesos de intereses por amortización, es decir, 71 mil 177 millones de pesos.Datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda señalan que entre 2008 y 2012 Pemex deberá pagar 13 mil 634 millones de dólares y en el mismo periodo la CFE las amortizaciones ascenderán a 15 mil 544 millones de dólares.La herencia que Bueno Torio y Mouriño Terrazo dejan al país por haber aprobado desde la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, un endeudamiento que es inconstitucional, es grave, con recursos públicos de la nación se tendrán que pagar por amortizaciones e intereses de los Pidiregas la cantidad de dos billones 160 mil 930 millones de pesos, este total deberá pagarse hasta el año 2044. Estos recursos representan el verdadero interés de las empresas de capital privado mexicano y transnacional para apoyar las llamadas reformas estructurales, y que en el fondo es transformar una deuda pública inconstitucional en constitucional y cargarle a la sociedad mexicana la pesada carga de la deuda pública interna.Estos son los verdaderos intereses que protegen y dan impunidad a Juan Camilo Mouriño y a Juan Bueno Torio. No es casual que durante su paso por la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y en la Secretaría de Energía, las riquezas de sus familias se hayan incrementado y estén vinculadas a Pemex Refinación.Juan Bueno Torio fue indagado por la Comisión Especial de la LIX Legislatura que investigó a los hijos de Martha Sahagún, y concluyó que el panista benefició a sus familiares al otorgarles contratos de Pemex Refinación, y estos intereses están ligados o vinculados con la influencia ejercida por la señora Marta Sahagún.Juan Camilo Mouriño era uno de los cinco socios de la empresa Grupo Energético del Sureste (GES). Cuando fungía como presidente de la Comisión de Energía de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, el GES operaba 35 estaciones gasolineras en el sureste mexicano en los estados de Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Campeche, mismas que crecieron de manera vertiginosa durante ese periodo.
Juan Camilo Mouriño y Juan Bueno, desde la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, dejaron de aprobar presupuesto público para invertir en la CFE y Pemex, pero beneficiaron a empresas como Mitsubishi, Unión Fenosa, Transalta y Electricité de France Por José Humbertus Pérez EspinozaAl inicio de cada sexenio los medios de comunicación, dependientes de las cúpulas empresariales, nos presentan a los salvadores de la patria y a los genios que por sus cualidades intelectuales y académicas resultan ser personajes inalcanzables y poderosos.Con Carlos Salinas de Gortari, fue José Córdoba Montoya. Con Ernesto Zedillo Ponce de León, Luis Téllez. Con Vicente Fox Quesada, estuvo Ramón Muñoz. Y con el cuestionado presidente electo, Felipe Calderón Hinojosa, el ungido es Juan Camilo Mouriño Terrazo.Juan Camilo Mouriño Terrazo no es un personaje común y corriente. Felipe Calderón Hinojosa impulsó su carrera política. Mouriño Terrazo desde los espacios políticos del Partido Acción Nacional (PAN), trabajó para favorecer a las empresas transnacionales de los energéticos que operan en el país desde 1997, y que son beneficiarias de la privatización de facto que se realiza en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).La privatización de los energéticos en México inició en 1997 mediante los Proyectos de Infraestructura Productiva con Impacto Diferido en el Registro del Gasto, mejor conocidos como Pidiregas. Los Pidiregas se basan en el financiamiento proveniente de inversionistas privados, la mayoría empresas transnacionales y las inversiones se pagarán (amortizaciones e intereses) con recursos públicos, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que aprueba anualmente la Cámara de Diputados. Es decir, se transfirieron las facultades exclusivas de la nación para explotar los energéticos a empresas privadas transnacionales, contraviniendo los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Los Pidiregas no tienen ningún fundamento constitucional y sólo se sustentan con las reformas y adiciones realizadas a los artículos 30 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad y Gasto Público y 18 de la Ley General de Deuda Pública y las reformas realizadas en 1992 por Carlos Salinas de Gortari a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.Estas reformas se sustentaron en una interpretación parcial del Artículo 27 párrafo sexto de la Constitución. Es cierto, este artículo señala que se pueden explotar los recursos naturales por particulares, pero se refiere a los minerales; en el mismo párrafo sexto, renglones más adelante, se señala que corresponde exclusivamente a la nación la explotación de la energía eléctrica, el petróleo, los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos.En 1997 se definió la alianza de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nación (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), para dar inicio a la privatización de los energéticos bajo el esquema de los Pidiregas.La privatización se concretó en la construcción de plantas generadoras de electricidad, más del diez por ciento del total de la generación de energía eléctrica surge de las plantas construidas por el sector privado.CAPITAL PRIVADOTRANSNACIONAL

Juan Camilo Mouriño y Juan Bueno, desde la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, dejaron de aprobar presupuesto público para invertir en la CFE y Pemex, pero beneficiaron a empresas como Mitsubishi, Unión Fenosa, Transalta y Electricité de France Por José Humbertus Pérez EspinozaAl inicio de cada sexenio los medios de comunicación, dependientes de las cúpulas empresariales, nos presentan a los salvadores de la patria y a los genios que por sus cualidades intelectuales y académicas resultan ser personajes inalcanzables y poderosos.Con Carlos Salinas de Gortari, fue José Córdoba Montoya. Con Ernesto Zedillo Ponce de León, Luis Téllez. Con Vicente Fox Quesada, estuvo Ramón Muñoz. Y con el cuestionado presidente electo, Felipe Calderón Hinojosa, el ungido es Juan Camilo Mouriño Terrazo.Juan Camilo Mouriño Terrazo no es un personaje común y corriente. Felipe Calderón Hinojosa impulsó su carrera política. Mouriño Terrazo desde los espacios políticos del Partido Acción Nacional (PAN), trabajó para favorecer a las empresas transnacionales de los energéticos que operan en el país desde 1997, y que son beneficiarias de la privatización de facto que se realiza en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).La privatización de los energéticos en México inició en 1997 mediante los Proyectos de Infraestructura Productiva con Impacto Diferido en el Registro del Gasto, mejor conocidos como Pidiregas. Los Pidiregas se basan en el financiamiento proveniente de inversionistas privados, la mayoría empresas transnacionales y las inversiones se pagarán (amortizaciones e intereses) con recursos públicos, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que aprueba anualmente la Cámara de Diputados. Es decir, se transfirieron las facultades exclusivas de la nación para explotar los energéticos a empresas privadas transnacionales, contraviniendo los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Los Pidiregas no tienen ningún fundamento constitucional y sólo se sustentan con las reformas y adiciones realizadas a los artículos 30 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad y Gasto Público y 18 de la Ley General de Deuda Pública y las reformas realizadas en 1992 por Carlos Salinas de Gortari a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.Estas reformas se sustentaron en una interpretación parcial del Artículo 27 párrafo sexto de la Constitución. Es cierto, este artículo señala que se pueden explotar los recursos naturales por particulares, pero se refiere a los minerales; en el mismo párrafo sexto, renglones más adelante, se señala que corresponde exclusivamente a la nación la explotación de la energía eléctrica, el petróleo, los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos.En 1997 se definió la alianza de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nación (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), para dar inicio a la privatización de los energéticos bajo el esquema de los Pidiregas.La privatización se concretó en la construcción de plantas generadoras de electricidad, más del diez por ciento del total de la generación de energía eléctrica surge de las plantas construidas por el sector privado.CAPITAL PRIVADOTRANSNACIONALLa inversión vía Pidiregas para 2011 tiene proyectada la construcción de 61 plantas eléctricas. En el caso de Pemex, se dio la concesión bajo el mismo esquema al capital privado transnacional para la explotación y producción de petroquímica y gas, por medio de los proyectos millonarios de Cantarell, Cuenca Burgos y Delta Grijalva.Desde la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados en 1997 y de manera concreta en la LVII Legislatura, el secretario de dicha comisión del PAN, Juan Bueno Torio, aprobó las cantidades millonarias para pagar las amortizaciones e intereses generados por los Pidiregas, provocando una abultada deuda pública interna que por su naturaleza normativa es inconstitucional.De 1997-2001, por cada diez dólares que el sector privado invirtió en infraestructura petrolera y eléctrica, como parte de los Pidiregas, el Gobierno federal (con la aprobación de la Comisión de Energía), pagó tres dólares o 30 por ciento por concepto de intereses.En este mismo periodo se pagó por intereses la cantidad de 175 mil 150 millones de pesos, es decir, 17 mil 515 millones de dólares. De estos totales, Pemex pagó 12 mil 903 millones de dólares y la CFE cuatro mil 612 millones de dólares.Con el triunfo de Vicente Fox Quesada en el año 2000, Felipe Calderón Hinojosa se desempeñó como coordinador del grupo parlamentario del PAN en la LVIII Legislatura, y nombró como presidente de la Comisión de Energía a Juan Camilo Mouriño Terrazo.Juan Bueno Torio y Juan Camilo Mouriño, de manera dolosa y desde la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, dejaron de aprobar presupuesto público para invertir en la CFE y Pemex, y con la aprobación de los Pidiregas formaron un mercado paralelo de energéticos para beneficiar a empresas transnacionales como Mitsubishi, Unión Fenosa, Transalta, Iberdrola, Electricité de France, entre otras. Juan Camilo Mouriño, en sus datos biográficos proporcionados en la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, niega que haya nacido en España y de manera escueta señala como lugar de nacimiento a Campeche. Por este motivo, no es casual que la mayoría de las empresas transnacionales beneficiadas en la construcción de las plantas eléctricas vía Pidiregas sean de origen español, claro, no haciendo de lado al resto de las inversiones del sector privado de capital estadounidense.Durante el periodo que Juan Camilo Mouriño Terrazo fungió como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, se incrementaron hasta en 91 por ciento los recursos públicos para el pago de amortizaciones e intereses y hacer frente a los requerimientos de los Pidiregas.Con los incrementos al PEF para pagar los pasivos del IPAB y Pidiregas, los diputados del PAN de las LVIII y LIX legislaturas de la Cámara de Diputados, hicieron que la deuda federal en el sexenio de Vicente Fox creciera en 801 mil millones de pesos y dejarla al terminar el sexenio en tres billones 267 mil millones de pesos.En 2006 se financiaron 230 proyectos (Pidiregas), 37 para Pemex y 193 para CFE, esto llevó a que del PEF se pagaran un total de 37 mil 841 millones de pesos por amortización de los proyectos y 33 mil 334 millones de pesos de intereses por amortización, es decir, 71 mil 177 millones de pesos.Datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda señalan que entre 2008 y 2012 Pemex deberá pagar 13 mil 634 millones de dólares y en el mismo periodo la CFE las amortizaciones ascenderán a 15 mil 544 millones de dólares.La herencia que Bueno Torio y Mouriño Terrazo dejan al país por haber aprobado desde la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, un endeudamiento que es inconstitucional, es grave, con recursos públicos de la nación se tendrán que pagar por amortizaciones e intereses de los Pidiregas la cantidad de dos billones 160 mil 930 millones de pesos, este total deberá pagarse hasta el año 2044. Estos recursos representan el verdadero interés de las empresas de capital privado mexicano y transnacional para apoyar las llamadas reformas estructurales, y que en el fondo es transformar una deuda pública inconstitucional en constitucional y cargarle a la sociedad mexicana la pesada carga de la deuda pública interna.Estos son los verdaderos intereses que protegen y dan impunidad a Juan Camilo Mouriño y a Juan Bueno Torio. No es casual que durante su paso por la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y en la Secretaría de Energía, las riquezas de sus familias se hayan incrementado y estén vinculadas a Pemex Refinación.Juan Bueno Torio fue indagado por la Comisión Especial de la LIX Legislatura que investigó a los hijos de Martha Sahagún, y concluyó que el panista benefició a sus familiares al otorgarles contratos de Pemex Refinación, y estos intereses están ligados o vinculados con la influencia ejercida por la señora Marta Sahagún.Juan Camilo Mouriño era uno de los cinco socios de la empresa Grupo Energético del Sureste (GES). Cuando fungía como presidente de la Comisión de Energía de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, el GES operaba 35 estaciones gasolineras en el sureste mexicano en los estados de Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Campeche, mismas que crecieron de manera vertiginosa durante ese periodo.
Juan Camilo Mouriño y Juan Bueno, desde la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, dejaron de aprobar presupuesto público para invertir en la CFE y Pemex, pero beneficiaron a empresas como Mitsubishi, Unión Fenosa, Transalta y Electricité de France Por José Humbertus Pérez EspinozaAl inicio de cada sexenio los medios de comunicación, dependientes de las cúpulas empresariales, nos presentan a los salvadores de la patria y a los genios que por sus cualidades intelectuales y académicas resultan ser personajes inalcanzables y poderosos.Con Carlos Salinas de Gortari, fue José Córdoba Montoya. Con Ernesto Zedillo Ponce de León, Luis Téllez. Con Vicente Fox Quesada, estuvo Ramón Muñoz. Y con el cuestionado presidente electo, Felipe Calderón Hinojosa, el ungido es Juan Camilo Mouriño Terrazo.Juan Camilo Mouriño Terrazo no es un personaje común y corriente. Felipe Calderón Hinojosa impulsó su carrera política. Mouriño Terrazo desde los espacios políticos del Partido Acción Nacional (PAN), trabajó para favorecer a las empresas transnacionales de los energéticos que operan en el país desde 1997, y que son beneficiarias de la privatización de facto que se realiza en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).La privatización de los energéticos en México inició en 1997 mediante los Proyectos de Infraestructura Productiva con Impacto Diferido en el Registro del Gasto, mejor conocidos como Pidiregas. Los Pidiregas se basan en el financiamiento proveniente de inversionistas privados, la mayoría empresas transnacionales y las inversiones se pagarán (amortizaciones e intereses) con recursos públicos, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que aprueba anualmente la Cámara de Diputados. Es decir, se transfirieron las facultades exclusivas de la nación para explotar los energéticos a empresas privadas transnacionales, contraviniendo los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Los Pidiregas no tienen ningún fundamento constitucional y sólo se sustentan con las reformas y adiciones realizadas a los artículos 30 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad y Gasto Público y 18 de la Ley General de Deuda Pública y las reformas realizadas en 1992 por Carlos Salinas de Gortari a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.Estas reformas se sustentaron en una interpretación parcial del Artículo 27 párrafo sexto de la Constitución. Es cierto, este artículo señala que se pueden explotar los recursos naturales por particulares, pero se refiere a los minerales; en el mismo párrafo sexto, renglones más adelante, se señala que corresponde exclusivamente a la nación la explotación de la energía eléctrica, el petróleo, los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos.En 1997 se definió la alianza de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nación (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), para dar inicio a la privatización de los energéticos bajo el esquema de los Pidiregas.La privatización se concretó en la construcción de plantas generadoras de electricidad, más del diez por ciento del total de la generación de energía eléctrica surge de las plantas construidas por el sector privado.CAPITAL PRIVADOTRANSNACIONALLa inversión vía Pidiregas para 2011 tiene proyectada la construcción de 61 plantas eléctricas. En el caso de Pemex, se dio la concesión bajo el mismo esquema al capital privado transnacional para la explotación y producción de petroquímica y gas, por medio de los proyectos millonarios de Cantarell, Cuenca Burgos y Delta Grijalva.Desde la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados en 1997 y de manera concreta en la LVII Legislatura, el secretario de dicha comisión del PAN, Juan Bueno Torio, aprobó las cantidades millonarias para pagar las amortizaciones e intereses generados por los Pidiregas, provocando una abultada deuda pública interna que por su naturaleza normativa es inconstitucional.De 1997-2001, por cada diez dólares que el sector privado invirtió en infraestructura petrolera y eléctrica, como parte de los Pidiregas, el Gobierno federal (con la aprobación de la Comisión de Energía), pagó tres dólares o 30 por ciento por concepto de intereses.En este mismo periodo se pagó por intereses la cantidad de 175 mil 150 millones de pesos, es decir, 17 mil 515 millones de dólares. De estos totales, Pemex pagó 12 mil 903 millones de dólares y la CFE cuatro mil 612 millones de dólares.Con el triunfo de Vicente Fox Quesada en el año 2000, Felipe Calderón Hinojosa se desempeñó como coordinador del grupo parlamentario del PAN en la LVIII Legislatura, y nombró como presidente de la Comisión de Energía a Juan Camilo Mouriño Terrazo.Juan Bueno Torio y Juan Camilo Mouriño, de manera dolosa y desde la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, dejaron de aprobar presupuesto público para invertir en la CFE y Pemex, y con la aprobación de los Pidiregas formaron un mercado paralelo de energéticos para beneficiar a empresas transnacionales como Mitsubishi, Unión Fenosa, Transalta, Iberdrola, Electricité de France, entre otras. Juan Camilo Mouriño, en sus datos biográficos proporcionados en la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, niega que haya nacido en España y de manera escueta señala como lugar de nacimiento a Campeche. Por este motivo, no es casual que la mayoría de las empresas transnacionales beneficiadas en la construcción de las plantas eléctricas vía Pidiregas sean de origen español, claro, no haciendo de lado al resto de las inversiones del sector privado de capital estadounidense.Durante el periodo que Juan Camilo Mouriño Terrazo fungió como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, se incrementaron hasta en 91 por ciento los recursos públicos para el pago de amortizaciones e intereses y hacer frente a los requerimientos de los Pidiregas.Con los incrementos al PEF para pagar los pasivos del IPAB y Pidiregas, los diputados del PAN de las LVIII y LIX legislaturas de la Cámara de Diputados, hicieron que la deuda federal en el sexenio de Vicente Fox creciera en 801 mil millones de pesos y dejarla al terminar el sexenio en tres billones 267 mil millones de pesos.En 2006 se financiaron 230 proyectos (Pidiregas), 37 para Pemex y 193 para CFE, esto llevó a que del PEF se pagaran un total de 37 mil 841 millones de pesos por amortización de los proyectos y 33 mil 334 millones de pesos de intereses por amortización, es decir, 71 mil 177 millones de pesos.Datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda señalan que entre 2008 y 2012 Pemex deberá pagar 13 mil 634 millones de dólares y en el mismo periodo la CFE las amortizaciones ascenderán a 15 mil 544 millones de dólares.La herencia que Bueno Torio y Mouriño
Juan Camilo Mouriño y Juan Bueno, desde la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, dejaron de aprobar presupuesto público para invertir en la CFE y Pemex, pero beneficiaron a empresas como Mitsubishi, Unión Fenosa, Transalta y Electricité de France Por José Humbertus Pérez EspinozaAl inicio de cada sexenio los medios de comunicación, dependientes de las cúpulas empresariales, nos presentan a los salvadores de la patria y a los genios que por sus cualidades intelectuales y académicas resultan ser personajes inalcanzables y poderosos.Con Carlos Salinas de Gortari, fue José Córdoba Montoya. Con Ernesto Zedillo Ponce de León, Luis Téllez. Con Vicente Fox Quesada, estuvo Ramón Muñoz. Y con el cuestionado presidente electo, Felipe Calderón Hinojosa, el ungido es Juan Camilo Mouriño Terrazo.Juan Camilo Mouriño Terrazo no es un personaje común y corriente. Felipe Calderón Hinojosa impulsó su carrera política. Mouriño Terrazo desde los espacios políticos del Partido Acción Nacional (PAN), trabajó para favorecer a las empresas transnacionales de los energéticos que operan en el país desde 1997, y que son beneficiarias de la privatización de facto que se realiza en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).La privatización de los energéticos en México inició en 1997 mediante los Proyectos de Infraestructura Productiva con Impacto Diferido en el Registro del Gasto, mejor conocidos como Pidiregas. Los Pidiregas se basan en el financiamiento proveniente de inversionistas privados, la mayoría empresas transnacionales y las inversiones se pagarán (amortizaciones e intereses) con recursos públicos, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que aprueba anualmente la Cámara de Diputados. Es decir, se transfirieron las facultades exclusivas de la nación para explotar los energéticos a empresas privadas transnacionales, contraviniendo los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Los Pidiregas no tienen ningún fundamento constitucional y sólo se sustentan con las reformas y adiciones realizadas a los artículos 30 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad y Gasto Público y 18 de la Ley General de Deuda Pública y las reformas realizadas en 1992 por Carlos Salinas de Gortari a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.Estas reformas se sustentaron en una interpretación parcial del Artículo 27 párrafo sexto de la Constitución. Es cierto, este artículo señala que se pueden explotar los recursos naturales por particulares, pero se refiere a los minerales; en el mismo párrafo sexto, renglones más adelante, se señala que corresponde exclusivamente a la nación la explotación de la energía eléctrica, el petróleo, los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos.En 1997 se definió la alianza de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nación (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), para dar inicio a la privatización de los energéticos bajo el esquema de los Pidiregas.La privatización se concretó en la construcción de plantas generadoras de electricidad, más del diez por ciento del total de la generación de energía eléctrica surge de las plantas construidas por el sector privado.CAPITAL PRIVADOTRANSNACIONALLa inversión vía Pidiregas para 2011 tiene proyectada la construcción de 61 plantas eléctricas. En el caso de Pemex, se dio la concesión bajo el mismo esquema al capital privado transnacional para la explotación y producción de petroquímica y gas, por medio de los proyectos millonarios de Cantarell, Cuenca Burgos y Delta Grijalva.Desde la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados en 1997 y de manera concreta en la LVII Legislatura, el secretario de dicha comisión del PAN, Juan Bueno Torio, aprobó las cantidades millonarias para pagar las amortizaciones e intereses generados por los Pidiregas, provocando una abultada deuda pública interna que por su naturaleza normativa es inconstitucional.De 1997-2001, por cada diez dólares que el sector privado invirtió en infraestructura petrolera y eléctrica, como parte de los Pidiregas, el Gobierno federal (con la aprobación de la Comisión de Energía), pagó tres dólares o 30 por ciento por concepto de intereses.En este mismo periodo se pagó por intereses la cantidad de 175 mil 150 millones de pesos, es decir, 17 mil 515 millones de dólares. De estos totales, Pemex pagó 12 mil 903 millones de dólares y la CFE cuatro mil 612 millones de dólares.Con el triunfo de Vicente Fox Quesada en el año 2000, Felipe Calderón Hinojosa se desempeñó como coordinador del grupo parlamentario del PAN en la LVIII Legislatura, y nombró como presidente de la Comisión de Energía a Juan Camilo Mouriño Terrazo.Juan Bueno Torio y Juan Camilo Mouriño, de manera dolosa y desde la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, dejaron de aprobar presupuesto público para invertir en la CFE y Pemex, y con la aprobación de los Pidiregas formaron un mercado paralelo de energéticos para beneficiar a empresas transnacionales como Mitsubishi, Unión Fenosa, Transalta, Iberdrola, Electricité de France, entre otras. Juan Camilo Mouriño, en sus datos biográficos proporcionados en la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, niega que haya nacido en España y de manera escueta señala como lugar de nacimiento a Campeche. Por este motivo, no es casual que la mayoría de las empresas transnacionales beneficiadas en la construcción de las plantas eléctricas vía Pidiregas sean de origen español, claro, no haciendo de lado al resto de las inversiones del sector privado de capital estadounidense.Durante el periodo que Juan Camilo Mouriño Terrazo fungió como presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, se incrementaron hasta en 91 por ciento los recursos públicos para el pago de amortizaciones e intereses y hacer frente a los requerimientos de los Pidiregas.Con los incrementos al PEF para pagar los pasivos del IPAB y Pidiregas, los diputados del PAN de las LVIII y LIX legislaturas de la Cámara de Diputados, hicieron que la deuda federal en el sexenio de Vicente Fox creciera en 801 mil millones de pesos y dejarla al terminar el sexenio en tres billones 267 mil millones de pesos.En 2006 se financiaron 230 proyectos (Pidiregas), 37 para Pemex y 193 para CFE, esto llevó a que del PEF se pagaran un total de 37 mil 841 millones de pesos por amortización de los proyectos y 33 mil 334 millones de pesos de intereses por amortización, es decir, 71 mil 177 millones de pesos.Datos proporcionados por la Secretaría de Hacienda señalan que entre 2008 y 2012 Pemex deberá pagar 13 mil 634 millones de dólares y en el mismo periodo la CFE las amortizaciones ascenderán a 15 mil 544 millones de dólares.La herencia que Bueno Torio y Mouriño Terrazo dejan al país por haber aprobado desde la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, un endeudamiento que es inconstitucional, es grave, con recursos públicos de la nación se tendrán que pagar por amortizaciones e intereses de los Pidiregas la cantidad de dos billones 160 mil 930 millones de pesos, este total deberá pagarse hasta el año 2044. Estos recursos representan el verdadero interés de las empresas de capital privado mexicano y transnacional para apoyar las llamadas reformas estructurales, y que en el fondo es transformar una deuda pública inconstitucional en constitucional y cargarle a la sociedad mexicana la pesada carga de la deuda pública interna.Estos son los verdaderos intereses que protegen y dan impunidad a Juan Camilo Mouriño y a Juan Bueno Torio. No es casual que durante su paso por la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y en la Secretaría de Energía, las riquezas de sus familias se hayan incrementado y estén vinculadas a Pemex Refinación.Juan Bueno Torio fue indagado por la Comisión Especial de la LIX Legislatura que investigó a los hijos de Martha Sahagún, y concluyó que el panista benefició a sus familiares al otorgarles contratos de Pemex Refinación, y estos intereses están ligados o vinculados con la influencia ejercida por la señora Marta Sahagún.Juan Camilo Mouriño era uno de los cinco socios de la empresa Grupo Energético del Sureste (GES). Cuando fungía como presidente de la Comisión de Energía de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, el GES operaba 35 estaciones gasolineras en el sureste mexicano en los estados de Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Campeche, mismas que crecieron de manera vertiginosa durante ese periodo.